Categoría: Residuos

biodiversidadCambio ClimáticoEnergíaPolítica AmbientalResiduos

Los grandes temas de Rio+20: algunos apuntes previos

ateneo naider

La Conferencia de Desarrollo Sostenible Rio+20 representan la reunión internacionales de temática ambiental más importantes de los últimos años. La inherente transversalidad del medio ambiente así como la vertiente económica, social, y ambiental del desarrollo sostenible elevan al máximo nivel la trascendencia política del encuentro, pues de él se derivarán importantes conclusiones que orientarán el diseño de un amplio abanico de políticas públicas durante los próximos años.

Rio+20 contempla como referencia ineludible la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro celebrada en 1992. Precisamente en dicha cumbre germinó la Convención Marco de Cambio Climático de la que emanaría el Protocolo de Kioto, constituyendo también el punto de partida de importantes acuerdos internacionales como el Convenio sobre la Diversidad Biológica o de iniciativas como la Agenda Local 21, proceso hoy ampliamente difundido entre un elevado número de municipios a lo largo de todo el mundo. Los temas centrales de Rio+20 son, en primer lugar, la economía verde en el contexto del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza y, en segundo lugar, el marco institucional para el desarrollo sostenible.

Economía verde

El modelo verde de crecimiento económico encaja perfectamente en el marco del desarrollo sostenible, planteando una nueva visión acerca de la manera en que se debe producir y consumir a nivel mundial para, además de crear riqueza, atender los principales retos ambientales de nuestra era y conseguir alcanzar los objetivos de desarrollo humano que quedan definidos en los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Es importante entender, por tanto, que la economía verde en el ámbito de Naciones Unidas es presentada como: un término inherente al desarrollo sostenible; un marco conceptual que plantea un nuevo modelo de crecimiento económico dirigido también a la erradicación de la pobreza; y como una oportunidad para el impulso de los sectores económicos verdes incluyendo la creación de empleo. El concepto de desarrollo sostenible se basa principalmente en la consideración e integración de la variable social, económica y ambiental en la toma de decisiones tanto desde el ámbito público como desde el privado. Por su parte, el concepto de economía verde se centra esencialmente en la intersección entre medio ambiente y economía, reconociendo la importancia de mantener e incrementar la salud de los ecosistemas para asegurar el bienestar de las generaciones presentes y futuras. Según el PNUMA la economía verde se caracteriza por sus bajas emisiones de carbono y la utilización eficiente de los recursos naturales. Los ingresos y la creación de empleos se consiguen por inversiones públicas y privadas destinadas a:

  • Reducir las emisiones de carbono y la contaminación.
  • Promover la eficiencia energética y la eficiencia en el uso de los recursos.
  • Evitar la pérdida de diversidad biológica y de servicios de los ecosistemas.

De esta manera la economía verde contemplada en el marco del desarrollo sostenible esta llamada a preservar, mejorar y restituir el capital natural como activo económico fundamental y fuente de ingresos públicos. A nivel global la transición a una economía verde requiere la puesta en marcha de un amplio abanico de medidas relacionadas con normativas, políticas, subsidios e incentivos nacionales, mercados internacionales, aspectos jurídicos y protocolos comerciales y de ayuda.

La globalización económica ha extendido unos patrones de producción y consumo que cada vez ejercen más presión  sobre los ecosistemas esenciales para el mantenimiento de la vida en la Tierra, siendo necesario que a nivel internacional se pongan en marcha medidas destinadas a mejorar la infraestructura comercial, perfeccionar los flujos comerciales y de ayuda entre naciones, e impulsar la cooperación internacional.

A nivel nacional, algunas de las medidas a adoptar se relacionan con cambios en la política fiscal; utilización de nuevos instrumentos económicos basados en el mercado; inversión pública dirigida a la mejora ambiental de sectores clave; fomento de la compra pública verde; o la mejora y ejecución de normas y regulaciones que favorezcan el medio ambiente. Por otro lado, según el PNUMA las principales directrices en relación a la economía verde pasan por:

  • Establecer marcos regulatorios sólidos y estables.
  • Priorizar la inversión y el gasto públicos para impulsar la mejora ambiental (incremento de la eficiencia, prevención de impactos, etc.) de los sectores económicos.
  • Limitar el gasto en áreas que agotan el capital natural.
  • Aplicar impuestos e instrumentos económicos basados en el mercado para modificar las preferencias de los consumidores y estimular la inversión verde y la innovación.
  • Invertir en desarrollo de capacidades y formación (hacia el empleo verde).
  • Fortalecer la gobernanza internacional.

Marco institucional para el desarrollo sostenible

Hace 20 años, en la Cumbre de la Tierra de 1992, se lograron algunos importantes avances relacionados con la gobernanza en el marco del desarrollo sostenible. Avances plasmados en la Declaración de Río, en el lanzamiento de los procesos de Agenda 21, y en el establecimiento de las llamadas "convenciones" de Río: sobre diversidad biológica (BCD por sus siglas en inglés), de lucha contra la desertificación (UNCCD) y de lucha contra el cambio climático (UNFCCC).

Al igual que el concepto de economía verde será tratado en Rio+20, Naciones Unidas ha escogido también el tema de la gobernanza para el desarrollo sostenible al entender que, por un lado, es necesario establecer un marco común de acuerdo y entendimiento a nivel global sobre este tema y, por otro lado, percibir que existe cierto potencial de cambio real y avance para mejorar el marco institucional en los ámbitos relacionados.

La erradicación de la pobreza, por un lado, y el incremento de una población que accede a unos niveles de consumo cada vez más elevados, por otro, representan los dos grandes retos que, en definitiva, deben ser abordados en Rio+20. Se debe establecer un nuevo acuerdo global que defina el rol de las instituciones públicas en el impulso a una economía verde. Un acuerdo que ayude a mejorar las tendencias de pobreza en el Sur y de hiper-consumo en el Norte, las cuales, inevitablemente, van en contra de la justicia social y de la salud de los ecosistemas.

Según se desprende de las reuniones preparatorias de Rio+20, el tema de la gobernanza se abordará a través del planteamiento de reformas en las instituciones ya existentes relacionadas con el desarrollo sostenible, y se señala que la cuestión clave del encuentro será cómo fortalecer a todos los niveles el marco institucional del desarrollo sostenible.

Naciones Unidas considera que el progreso hacia el desarrollo sostenible debe ser respaldado por una reforma institucional no sólo a escala mundial, sino también a escala nacional, regional y local. Dadas las grandes diferencias en lo que respecta a la historia, la capacidad institucional general y los desafíos y las prioridades del desarrollo sostenible, no se considera necesario preparar un plan común para establecer las bases institucionales del desarrollo sostenible a nivel nacional.

Las estructuras institucionales adecuadas deberán modelarse en función de las realidades locales, aunque es evidente que los países y las regiones con características y retos similares deben intercambiar experiencias, para lo cual Rio+20 ofrece el escenario ideal en el que entablar este tipo de debates.

Las estrategias nacionales de desarrollo sostenible son otra cuestión institucional clave para el desarrollo sostenible. Desde Naciones Unidas se expone que en muchos países esas estrategias son el resultado de la reforma gradual de las instituciones existentes, y que en algunos casos en que no había procesos de planificación o cuando éstos no eran efectivos, ha resultado útil establecer nuevos procesos en relación con las estrategias nacionales de desarrollo sostenible. Cabe señalar que una estrategia nacional de desarrollo sostenible es un proceso que exige un aprendizaje continuo. En el contexto de estas estrategias, es importante establecer mecanismos de coordinación efectiva a nivel gubernamental. En muchos casos, la creación de consejos y grupos de trabajo interministeriales encabezados por un organismo central (la Oficina del Primer Ministro o el Presidente, o los ministerios de finanzas y planificación) ha resultado efectiva. En cambio, la idea de encomendar a algunas instituciones el mandato de aumentar la coherencia vertical a escala nacional y subnacional suele estar menos desarrollada. Otro de los aspectos institucionales es la necesidad de encontrar mecanismos para revisar las estrategias existentes, como el examen a cargo de expertos internos y externos, la revisión entre homólogos o los procesos de intercambio

En el documento Beyond Rio+20: Governance for a Green Economy la Universidad de Boston expone una serie de sugerencias que pueden ser un buen punto de partida para abordar el tema de la gobernanza institucional en Rio+20:

  • Propuestas atrevidas y radical incrementalism. No buscar una solución única, sino elaborar un paquete de propuestas que combinen iniciativas financieras, de I+D+i, de desarrollo de capacidades, apoyo público, etc.
  • El escenario business as usual, en términos de política económica, no es viable. Se necesitan cambios fundamentales a nivel micro y macro económico y, por lo tanto, un cambio en las instituciones económicas. En especial, hay que abordar cambios en la regulación del comercio internacional y del ámbito financiero.
  • Evaluar lo ya existente: hay iniciativas públicas y privadas en pos de la economía verde que ya están en marcha. El reto no es tanto crear nuevas estructuras sino coordinar y mejorar las existentes, evaluando su progreso y eficacia. En este sentido, se debe reforzar UNEP mediante financiación y dando más estabilidad y autoridad a la institución.
  • Focalizar el esfuerzo en la aplicación más que en la negociación. Esto requiere involucrar más activamente a agentes públicos, privados y de la sociedad civil tanto a nivel nacional como regional. Se debe poner en marcha una nueva gobernanza multinivel focalizada en la aplicación de medidas, llegando hasta el ámbito municipal.
  • Aunque es necesaria la participación de la sociedad civil y de los mercados en la transición hacia una economía verde, el papel del estado debe seguir siendo central. El estado debe favorecer y mejorar la participación de agentes no estatales y favorecer la innovación institucional.
  • Bienestar humano: debe ser el concepto central de Rio+20, lo cual lleva a prestar atención a la equidad intra e intergenracional elemento central de la economía verde. A su vez, esto enlaza con la revisión del modelo de consumo en el marco del desarrollo sostenible.

Artículos relacionados:

Etiquetas: 
economía verde
gobernanza
desarrollo sostenible
Política Ambiental
UNEP
Rio+20
Cumbre de la Tierra
Cambio ClimáticoEnergíaResiduos

¿Qué coste tiene la contaminación industrial en España?

Según la Agencia Europea de Medio Ambiente, el coste económico de la contaminación atmosférica provocada por las principales instalaciones industriales de Europa en 2009 oscila entre los 102.000 y 169.000 millones de euros (10.000 instalaciones contabilizadas). El informe Revealing the costs of air pollution from industrial facilities in Europe expone que, asumiendo los beneficios que aporta el sector industrial, existen unos costes ocultos de la contaminación que deben ser analizados.

En la web de la AEMA se puede acceder además a una tabla con las 622 instalaciones más contaminantes de Europa, responsables de más de las tres cuartas partes del coste total resultante del estudio (entre 76.653 y 125.898 millones de euros). De entre ellas se pueden extraer los datos para España y, de hecho, se puede observar el coste estimado para cada instalación concreta. Por ejemplo, la central térmica de Carboneras (Almería) es responsable de un coste por contaminación atmosférica de entre 270 y 439 millones de euros al año, mientras que la refinería de Petronor de Muskiz (Bizkaia) genera un coste de entre de entre 152 y 281 millones de euros al año.

Datos de las instalaciones industriales españolas extraídos de la tabla alojada en la web de la AEMA

En España, la contaminación de estas 44 instalaciones genera un coste asociado de entre 3.694 y 5.816 millones de euros. El estudio diferencia entre el coste asociado al CO2, el coste asociado a los contaminantes regionales (NH3, NOx, PM10, SO2) y el coste asociado a metales pesados y compuestos orgánicos volátiles, pues la metodología para el cálculo de su impacto sobre el medio ambiente y la salud humana es diferente para cada caso.

A nivel mundial, y ampliando los sectores analizados, en el informe Expected the Unexpected: Building business value in a changing world (KPMG) se estima que en 2008 las 3.000 empresas más importantes por valor de mercado generaron un coste económico-ambiental de 2,15 billones de dólares, equivalente al 50 por ciento de sus ganancias (EBITDA). Hay sectores en los que dicho coste supera ampliamente a los beneficios generados, y en otros muchos el coste ambiental supone más del 50% de los ingresos.

El informe de la AEMA es un ejemplo de cómo atribuir el coste ambiental directamente al agente que genera el impacto, salvando la difusa responsabilidad de la contaminación. El informe de KPMG pone cifras concretas a las externalidades negativas que generan ciertos sectores económicos. Las diferentes metodologías que soportan estos estudios necesitan todavía afinarse, pero queda claro que el crecimiento económico, las cuentas de beneficios o el incremento del PIB, tal y cómo se miden en la actualidad, no son más que un mero espejismo.

Artículos relacionados:

Etiquetas: 
contaminación atmosférica
coste ambiental
externalidades negativas
externalidades ambientales
biodiversidadCambio ClimáticoEnergíaResiduos

Más que biocombustibles

Ateneo Naider

La figura de Karmele Llano, personaje recurrente en este Ateneo, ha sido recientemente ensalzada en un bonito artículo de la escritora Rosa Montero. El texto repasa y valora la excpecional trayectoria de esta veterinaria bilbaina que lleva casi 10 años trabajando a pie de campo en Indonesia. El cultivo de palma africana es el principal problema que sufre la selva indonesia, donde se registra una de las mayores tasas de deforestación del mundo. Karmele, como refleja a su vez Rosa Montero en el artículo, suele aludir a los biocombustibles como el principal factor que promueve esa deforestación, pero es importante destacar que el aceite de palma se destina principalmente a la industria agroalimentaria y a los productos cosméticos.

No se trata de esconder la presión extra que la creciente demanda de biocombustibles puede generar sobre las selvas tropicales (de hecho, ante dicha alerta la Unión Europea se planteó la revisión sus objetivos energéticos de introducción de biocombustibles en el transporte), pero actualmente la mayor parte del aceite de palma esta ya presente en multitud de productos de consumo alimenticios, de higiene y cosméticos, hecho que el consumidor medio esta empezando a descubrir y debe valorar. Por ello, empresas como Ikea han empezado a gestionar esta cuestión, anunciando que estudirán alternativas para sustituir el aceite de palma en sus productos (velas, productos de alimentación, etc.); otro ejemplo es el de Nestlé, que tras una impactante campaña de comunicación impulsada por Greenpeace anunció que iba a prescindir de Sinar Mas como proveedor de aceite de palma.

La producción de aceite de palma es una verdadera industria de gran importancia para la economía de países como Indonesia (junto con Malasia el mayor productor). Las cifras de exportaciones, empleo asociado, etc. son muy notables, pero hay dos cuestiones a tener en cuenta a la hora de valorar su impacto. En primer lugar, la mayor parte del beneficio se genera fuera del país, pues el aceite de palma es finalemente transformado por las grandes multinacionales agroalimentarias en China, Estados Unidos o la Unión Europea, principales importadores del aceite. Y, en segundo lugar, habría que introducir en la ecuación el coste económico que genera la transoformación ecológica a gran escala que ha sufrido Indonesia para albergar el monocultivo de palma africana: ¿se está valorando el coste que supone la pérdida de biodiversidad, la pérdida de recursos genéticos, la contribución al cambio climático?

Iniciativas como Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) tratan de reducir el impacto ambiental de la industria del aceite de palma pero, como muchas organizaciones ecologistas denuncian, el probelma de fondo es la deforestación y la transformación de la selva primaria (elevada biodiversidad, almacén de recursos forestales y genéticos, modo de subsistencia de culturas indígenas, etc.) en un monocultivo destinado única y exclusivamente a la producción de aceite vegetal.

Sobre este tema muy recomendable el artículo "The guilty secrets of palm oil: Are you unwittingly contributing to the devastation of the rain forests", de Martin Hickman, artículo ganador del The Foreign Press Association Media Awards 2009.

Artículos relacionados:

Etiquetas: 
aceite de palma
cambio climático
Indonesia
Karmele Llano
deforestación