Categoría: Política Ambiental

La Conferencia de Desarrollo Sostenible Rio+20 representan la reunión internacionales de temática ambiental más importantes de los últimos años. La inherente transversalidad del medio ambiente así como la vertiente económica, social, y ambiental del desarrollo sostenible elevan al máximo nivel la trascendencia política del encuentro, pues de él se derivarán importantes conclusiones que orientarán el diseño de un amplio abanico de políticas públicas durante los próximos años.

Rio+20 contempla como referencia ineludible la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro celebrada en 1992. Precisamente en dicha cumbre germinó la Convención Marco de Cambio Climático de la que emanaría el Protocolo de Kioto, constituyendo también el punto de partida de importantes acuerdos internacionales como el Convenio sobre la Diversidad Biológica o de iniciativas como la Agenda Local 21, proceso hoy ampliamente difundido entre un elevado número de municipios a lo largo de todo el mundo. Los temas centrales de Rio+20 son, en primer lugar, la economía verde en el contexto del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza y, en segundo lugar, el marco institucional para el desarrollo sostenible.

Economía verde

El modelo verde de crecimiento económico encaja perfectamente en el marco del desarrollo sostenible, planteando una nueva visión acerca de la manera en que se debe producir y consumir a nivel mundial para, además de crear riqueza, atender los principales retos ambientales de nuestra era y conseguir alcanzar los objetivos de desarrollo humano que quedan definidos en los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Es importante entender, por tanto, que la economía verde en el ámbito de Naciones Unidas es presentada como: un término inherente al desarrollo sostenible; un marco conceptual que plantea un nuevo modelo de crecimiento económico dirigido también a la erradicación de la pobreza; y como una oportunidad para el impulso de los sectores económicos verdes incluyendo la creación de empleo. El concepto de desarrollo sostenible se basa principalmente en la consideración e integración de la variable social, económica y ambiental en la toma de decisiones tanto desde el ámbito público como desde el privado. Por su parte, el concepto de economía verde se centra esencialmente en la intersección entre medio ambiente y economía, reconociendo la importancia de mantener e incrementar la salud de los ecosistemas para asegurar el bienestar de las generaciones presentes y futuras. Según el PNUMA la economía verde se caracteriza por sus bajas emisiones de carbono y la utilización eficiente de los recursos naturales. Los ingresos y la creación de empleos se consiguen por inversiones públicas y privadas destinadas a:

• Reducir las emisiones de carbono y la contaminación.
• Promover la eficiencia energética y la eficiencia en el uso de los recursos.
• Evitar la pérdida de diversidad biológica y de servicios de los ecosistemas.

De esta manera la economía verde contemplada en el marco del desarrollo sostenible esta llamada a preservar, mejorar y restituir el capital natural como activo económico fundamental y fuente de ingresos públicos. A nivel global la transición a una economía verde requiere la puesta en marcha de un amplio abanico de medidas relacionadas con normativas, políticas, subsidios e incentivos nacionales, mercados internacionales, aspectos jurídicos y protocolos comerciales y de ayuda.

La globalización económica ha extendido unos patrones de producción y consumo que cada vez ejercen más presión  sobre los ecosistemas esenciales para el mantenimiento de la vida en la Tierra, siendo necesario que a nivel internacional se pongan en marcha medidas destinadas a mejorar la infraestructura comercial, perfeccionar los flujos comerciales y de ayuda entre naciones, e impulsar la cooperación internacional.

A nivel nacional, algunas de las medidas a adoptar se relacionan con cambios en la política fiscal; utilización de nuevos instrumentos económicos basados en el mercado; inversión pública dirigida a la mejora ambiental de sectores clave; fomento de la compra pública verde; o la mejora y ejecución de normas y regulaciones que favorezcan el medio ambiente. Por otro lado, según el PNUMA las principales directrices en relación a la economía verde pasan por:

• Establecer marcos regulatorios sólidos y estables.
• Priorizar la inversión y el gasto públicos para impulsar la mejora ambiental (incremento de la eficiencia, prevención de impactos, etc.) de los sectores económicos.
• Limitar el gasto en áreas que agotan el capital natural.
• Aplicar impuestos e instrumentos económicos basados en el mercado para modificar las preferencias de los consumidores y estimular la inversión verde y la innovación.
• Invertir en desarrollo de capacidades y formación (hacia el empleo verde).
• Fortalecer la gobernanza internacional.

Marco institucional para el desarrollo sostenible

Hace 20 años, en la Cumbre de la Tierra de 1992, se lograron algunos importantes avances relacionados con la gobernanza en el marco del desarrollo sostenible. Avances plasmados en la Declaración de Río, en el lanzamiento de los procesos de Agenda 21, y en el establecimiento de las llamadas "convenciones" de Río: sobre diversidad biológica (BCD por sus siglas en inglés), de lucha contra la desertificación (UNCCD) y de lucha contra el cambio climático (UNFCCC).

Al igual que el concepto de economía verde será tratado en Rio+20, Naciones Unidas ha escogido también el tema de la gobernanza para el desarrollo sostenible al entender que, por un lado, es necesario establecer un marco común de acuerdo y entendimiento a nivel global sobre este tema y, por otro lado, percibir que existe cierto potencial de cambio real y avance para mejorar el marco institucional en los ámbitos relacionados.

La erradicación de la pobreza, por un lado, y el incremento de una población que accede a unos niveles de consumo cada vez más elevados, por otro, representan los dos grandes retos que, en definitiva, deben ser abordados en Rio+20. Se debe establecer un nuevo acuerdo global que defina el rol de las instituciones públicas en el impulso a una economía verde. Un acuerdo que ayude a mejorar las tendencias de pobreza en el Sur y de hiper-consumo en el Norte, las cuales, inevitablemente, van en contra de la justicia social y de la salud de los ecosistemas.

Según se desprende de las reuniones preparatorias de Rio+20, el tema de la gobernanza se abordará a través del planteamiento de reformas en las instituciones ya existentes relacionadas con el desarrollo sostenible, y se señala que la cuestión clave del encuentro será cómo fortalecer a todos los niveles el marco institucional del desarrollo sostenible.

Naciones Unidas considera que el progreso hacia el desarrollo sostenible debe ser respaldado por una reforma institucional no sólo a escala mundial, sino también a escala nacional, regional y local. Dadas las grandes diferencias en lo que respecta a la historia, la capacidad institucional general y los desafíos y las prioridades del desarrollo sostenible, no se considera necesario preparar un plan común para establecer las bases institucionales del desarrollo sostenible a nivel nacional.

Las estructuras institucionales adecuadas deberán modelarse en función de las realidades locales, aunque es evidente que los países y las regiones con características y retos similares deben intercambiar experiencias, para lo cual Rio+20 ofrece el escenario ideal en el que entablar este tipo de debates.

Las estrategias nacionales de desarrollo sostenible son otra cuestión institucional clave para el desarrollo sostenible. Desde Naciones Unidas se expone que en muchos países esas estrategias son el resultado de la reforma gradual de las instituciones existentes, y que en algunos casos en que no había procesos de planificación o cuando éstos no eran efectivos, ha resultado útil establecer nuevos procesos en relación con las estrategias nacionales de desarrollo sostenible. Cabe señalar que una estrategia nacional de desarrollo sostenible es un proceso que exige un aprendizaje continuo. En el contexto de estas estrategias, es importante establecer mecanismos de coordinación efectiva a nivel gubernamental. En muchos casos, la creación de consejos y grupos de trabajo interministeriales encabezados por un organismo central (la Oficina del Primer Ministro o el Presidente, o los ministerios de finanzas y planificación) ha resultado efectiva. En cambio, la idea de encomendar a algunas instituciones el mandato de aumentar la coherencia vertical a escala nacional y subnacional suele estar menos desarrollada. Otro de los aspectos institucionales es la necesidad de encontrar mecanismos para revisar las estrategias existentes, como el examen a cargo de expertos internos y externos, la revisión entre homólogos o los procesos de intercambio

En el documento Beyond Rio+20: Governance for a Green Economy la Universidad de Boston expone una serie de sugerencias que pueden ser un buen punto de partida para abordar el tema de la gobernanza institucional en Rio+20:

• Propuestas atrevidas y radical incrementalism. No buscar una solución única, sino elaborar un paquete de propuestas que combinen iniciativas financieras, de I+D+i, de desarrollo de capacidades, apoyo público, etc.
• El escenario business as usual, en términos de política económica, no es viable. Se necesitan cambios fundamentales a nivel micro y macro económico y, por lo tanto, un cambio en las instituciones económicas. En especial, hay que abordar cambios en la regulación del comercio internacional y del ámbito financiero.
• Evaluar lo ya existente: hay iniciativas públicas y privadas en pos de la economía verde que ya están en marcha. El reto no es tanto crear nuevas estructuras sino coordinar y mejorar las existentes, evaluando su progreso y eficacia. En este sentido, se debe reforzar UNEP mediante financiación y dando más estabilidad y autoridad a la institución.
• Focalizar el esfuerzo en la aplicación más que en la negociación. Esto requiere involucrar más activamente a agentes públicos, privados y de la sociedad civil tanto a nivel nacional como regional. Se debe poner en marcha una nueva gobernanza multinivel focalizada en la aplicación de medidas, llegando hasta el ámbito municipal.
• Aunque es necesaria la participación de la sociedad civil y de los mercados en la transición hacia una economía verde, el papel del estado debe seguir siendo central. El estado debe favorecer y mejorar la participación de agentes no estatales y favorecer la innovación institucional.
• Bienestar humano: debe ser el concepto central de Rio+20, lo cual lleva a prestar atención a la equidad intra e intergenracional elemento central de la economía verde. A su vez, esto enlaza con la revisión del modelo de consumo en el marco del desarrollo sostenible.

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