Archivo de la categoría: Legislación Ambiental

Legislación ambiental contra Fake News

Publicado en: Comunidad ISM » Blogs por avizcaino. Texto original

El sector ambiental no es ajeno al fenómeno de las Fake News y la desinformación. Por ello la legislación ambiental desde hace décadas ha desarrollado distintos mecanismos que garantizan:

  • El acceso a datos oficiales sobre el estado y la evolución del medio ambiente.
  • Instrumentos voluntarios que ayudan a las organizaciones a elaborar información relevante y trazable sobre el impacto ambiental, económico y social de su modelo de negocio.
  • Información pública sobre los procesos de toma de decisiones en materia ambiental.
  • Transparencia en el funcionamiento de actividades reguladas con motivo de su capacidad de generar impactos ambientales.

En el primer bloque destaca la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente. Es un marco genérico que permite disponer de datos e información que hacen efectiva la máxima relativa a que no se puede conservar aquello que no se conoce. También es un instrumento que permite a cualquiera con un mínimo de interés contrastar noticias relativas a cuestiones ambientales.

En el capítulo de instrumentos voluntarios encontramos, regulados por legislación ambiental, distintivos clave para la protección de los consumidores concienciados. Juegan, igualmente, un papel clave en la protección y promoción de las empresas responsables y comprometidas con un modelo de protección y consumo más sostenible. Así, si queremos tener garantías legales sobre el desempeño de distintas actividades económicas, podemos acudir a los reglamentos sobre distintivos ambientales:

  • Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, sobre producción ecológica y etiquetado de los productos ecológicos.
  • Reglamento (CE) nº 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS).
  • Reglamento (CE) nº 66/2010 del Parlamento europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a la etiqueta ecológica de la UE.

Desinformación ambiental
Fuente: Pixabay

Por otro lado, todos los procesos de toma de decisiones, desde la tramitación de planes y programas, la autorización de proyectos o la instalación y puesta en marcha de actividades están sometidas a periodos de información y participación pública, durante los cuales la documentación relevante queda expuesta a disposición de cualquier persona que quiera consultarla y presentar alegaciones. Este ámbito permite contrastar noticias sobre el desarrollo y ejecución de distintas políticas, así como comprobar si, cuando se anuncian según qué proyectos, estamos ante globos sonda o si realmente se están dando los pasos necesarios para su aprobación y puesta en marcha.

Una mención especial requieren la Autorización Ambiental Integrada y el Registro de Emisiones y Fuentes contaminantes, que permiten conocer los principales contaminantes que generan las actividades reguladas, así como las medidas que ponen para prevenir riesgos y daños al medio ambiente.

La información veraz y contrastada es un recurso escaso en estos tiempos en los que la manipulación de la opinión pública es una práctica común para quienes quieren atraer consumidores o condicionar nuestras decisiones políticas. Afortunadamente el sector ambiental cuenta con instrumentos contra la desinformación ambiental, las fake news y el greenwashing. ¿Las conoces y las aplicas en tu ámbito de actividad profesional?

Si estás interesado/a en conocer la legislación vigente en materia de medio ambiente o actualizar tus conocimientos, el Instituto Superior del Medio Ambiente ha desarrollado junto con Alberto Vizcaíno el curso online Requisitos Ambientales y Actualización Legislativa.

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Residuos de envases: ya pagamos por generación.

Publicado en: productor de sostenibilidad por alvizlo. Texto original

Las novedades europeas en materia de gestión de residuos incluyen propuestas para mejorar la gestión de cara a avanzar en la consecución de objetivos cada vez más ambiciosos. El desafío es un una magnitud que exige medidas a la altura del impacto que estamos causando. Una de ellas es el pago por generación, un instrumento sobre el que llevamos algo más de un año escuchando bastante información. En España ya funciona un sistema de pago por generación de residuos de envases ¿lo repasamos?

Un sistema de pago por generación de residuos implica que cuantos más residuos tiras más pagas. Así lo recoge la Directiva (UE) 2018/851 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos:

Sistemas de pago por generación de residuos (pay-as-you-throw) que impongan tasas a los productores de residuos según la cantidad real de residuos generados y proporcionen incentivos para la separación en origen de los residuos reciclables y para la reducción de los residuos mezclados.

En España este mecanismo podemos encontrarlo en varios ámbitos, pero en el caso doméstico está implantado en los envases y residuos de envases. La modalidad no es “paga por lo que tiras” si no “paga por lo que compras que luego vas a tirar”. Cada consumidor, cuando compra un producto envasado está contribuyendo al tratamiento y reciclaje del residuo que generará ese envase. Es el punto verde, un mecanismo financiero con el que las corporaciones del producto envasado cumplen sus obligaciones legales.

En la práctica cuantos más productos envasados consumas más pagas. Si utilizas muchos envases de usar y tirar pagas más que otras personas que tengan en cuenta este criterio a la hora de hacer la compra. Sí, el argumento de si tiras algo lo pagas es un buen titular para un contenido patrocinado. Pero cuando lo que tiro es un envase… ya pagué por su gestión como residuo cuando lo compre ¿tengo que volver a pagar cuando lo tiro?

Este sistema de pago por generación lo gestionan organizaciones privadas cuyos socios son corporaciones del producto envasado y a las que se adhieren las empresas que utilizan envases de usar y tirar en su modelo de negocio y, por tanto, tienen que cubrir el coste de la gestión de los residuos que se generan con esos envases.

Últimamente estamos escuchando en los medios a los gestores de este sistema hablar muy bien de nuevos modelos de pago por generación. En su discurso prometen nuevos ingresos y fuentes de financiación para las administraciones competentes en la gestión de residuos. Y a los responsables municipales parece gustarles la idea.

El problema es ¿Quién y cómo consigue incluir nuevos modelos de pago por generación? ¿Van a resolver el problema de la recogida de los residuos urbanos? ¿Reducirán las basuras de origen doméstico? El problema es que incluir sistemas “pay-as-you-throw” implica dotar a las ciudades de una capacidad tecnológica y unos mecanismo de vigilancia que actualmente no existen. Y cuyo coste hay que pagar.

Para poder penalizar a las personas que tiran más basura, o a aquellos individuos que no participan correctamente en los sistemas de recogida selectiva, lo primero que tendría que ocurrir es que dejásemos de tirar nuestra basura de forma anónima. ¿Va a ir el basurero llamando a cada puerta y mirando que hay en cada bolsa que tiramos? ¿Vamos a instalar un sistema de identificación personal en los contenedores para identificar quien los utiliza en cada momento? ¿Cómo se comprueba que lo que dice que tira es lo que realmente está tirando?

No, ninguna de las preguntas supone un reto irresoluble. Todas las cuestiones se solucionan con mano de obra y tecnología. Mucha mano de obra y tecnología muy cara. ¿Pueden permitirse eso los ayuntamientos españoles? Sí. A cargo de los impuestos y las tasas que se cobran a los ciudadanos particulares. ¿Estamos dispuestos a pagar ese coste? ¿Va a solucionar el problema de limpieza de nuestras calles y nuestros parques? ¿Va a terminar con los residuos abandonados?

La cuestión es que podemos seguir encareciendo el sistema de recogida de basura con la excusa de mejorar el reciclaje o podemos optimizar el que ya tenemos. Si los ayuntamientos no tienen suficientes recursos económicos para recoger los envases que quedan abandonados por las calles, plazas y jardines ¿no sería bueno que se los pidiesen al actual sistema integrado de gestión? Si las comunidades autónomas no tienen dinero para mejorar la capacidad de tratamiento de los residuos que se recogen ¿quizá es que los responsables de la puesta en el mercado de los envases de usar y tirar no están contribuyendo suficientemente a su correcto tratamiento?

Actualmente contamos con distintos mecanismos de pago por generación de residuos de envases. Pero no funcionan. A penas son capaces de recoger un tercio de los envases que deberían estar procesando y reciclando. ¿Quizá es que no son capaces de trasladar el coste real del problema a quienes tienen que tomar decisiones? Si, como consumidor, percibiese una señal en el precio del producto envasado que me permitiese tomar decisiones en relación a su impacto real podría decidir más racionalmente cómo hago la compra.

Nuestro punto verde no está trasladando al precio del producto envasado en plásticos de usar y tirar el coste de la gestión y tratamiento del plástico. Y el sistema integrado de gestión no está asumiendo el 100% de los costes que genera a los ayuntamientos en la recogida y tratamiento de los envases que está poniendo en el mercado.

Eso sí, los responsables de los sistema integrados de gestión de envases de usar y tirar están susurrando a los responsables públicos cantos de sirena para que miren hacia otro lado. Prometen nuevos ingresos que requieren fuertes inversiones. Decisiones que hipotecan las opciones de implantar otros modelos de gestión. ¡Qué sorpresa! Las grandes corporaciones piden trasladar el coste del impacto de sus actividades al bolsillo de los ciudadanos particulares. ¿Los que ya estamos pagando tres veces por nuestros residuos tenemos que pagar una más?

contenedor amarillo con la pintada eche aquí a su político

Quizá, aplicando el principio de responsabilidad ampliada del productor, deberíamos conseguir es que sean esas corporaciones del producto envasado las que perciban el coste ambiental de su modelo de negocio. Que decidan dejar de poner en el mercado envases de usar y tirar. Favorecer un comercio local y de proximidad, con menor impacto social, ambiental y económico. Pero solo quizá. Es más cómodo trabajar 12 horas al día para poder acudir una vez al mes a llenar el maletero en un gran centro comercial y pagar por una infraestructura de gestión de residuos que permite evadirse de sus responsabilidades a quienes se lucran con ese modelo de consumo.

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Hoy hablamos de los VFU o Vehículos al Final de su vida Útil

Publicado en: envirall asesoría y consultoría ambiental en Asturias por Paula Baldó de Andrés. Texto original

Los vehículos al final de su vida útil son aquellos vehículos que se han convertido en residuos y por lo tanto pasan a ser tratados como tales en cuestión de normativa, reciclaje y tratamiento. Uno de mis momentos favoritos en la infancia era, cuando íbamos en familia de viaje, pasar por delante de desguaces, campos […]

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Medio Ambiente en la Constitución Española

Publicado en: productor de sostenibilidad por alvizlo. Texto original

constitucion_espanola

Quizá tenemos la percepción de que el medio ambiente es una moda pasajera, una cuestión a la que sólo se le da importancia cuando saltan las señales de alarma. Pero lo cierto, más allá de la publicidad verde y la inmediatez informativa, es que está presente en la Constitución Española de 1978, que nos garantiza el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado.

En el capítulo ambiental, la Constitución Española incorpora el enfoque de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, que tuvo lugar en junio de 1972 y vino a dar un al medio ambiente una importancia que poco a poco se ha ido trasladando a distintos instrumentos legales, superando una etapa con dos vertientes opuestas, entre el conservacionismo y la intervención en actividades industriales, para dar un enfoque integrador a las relaciones de la humanidad y su entorno.

Así, es obligatorio citar en cualquier curso de legislación ambiental que se precie el artículo 45 de la Constitución Española:

Artículo 45

Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo.

Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva.

Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado.

Podemos encontrar esta declaración de intenciones en el Capítulo tercero del Título primero.” De los principios rectores de la política social y económica”. Esto implica que las previsiones del artículo 45 no están al nivel de los derechos fundamentales garantizados por el primer inciso del artículo 53.

Mientras que los derechos y libertades fundamentales del Capítulo segundo del Título primero (entre otros: derecho a la vida y a la integridad física y moral; derecho a la libertad y a la seguridad; derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen; derecho a la educación; libertad de expresión… ) vinculan a todos los poderes públicos, nuestro derecho a “un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona”, sólo lo será en la medida en que la “legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos” lo garanticen. Sin leyes que desarrollen el artículo 45 no hay derecho al medio ambiente.

La buena noticia es que el artículo 45 ha dado lugar a un profuso, difuso y confuso entramado de legislación ambiental, sistemas de autorizaciones, permisos y licencias, mecanismos de inspección y sanción… suficiente como para que el derecho al medio ambiente exista y no pueda pasar desapercibido.

Para muestra de ese desarrollo legislativo te invito a leer un poco más sobre 10 leyes de medio ambiente que cualquiera debería conocer y, si te interesa profundizar en la materia, los códigos de legislación ambiental del BOE también son literatura a considerar.

El jaleo a la hora de hacer cumplir todas estas normas de rango legal, en un país como España, viene desde el propio texto constitucional. En el “Título VIII. De la Organización Territorial del Estado” encontramos la distribución de competencias, que deja:

  • A las Comunidades Autónomas: “La gestión en materia de protección del medio ambiente”.
  • Al Estado: “Legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las Comunidades Autónomas de establecer normas adicionales de protección. La legislación básica sobre montes, aprovechamientos forestales y vías pecuarias”.
  • A los ayuntamientos… bueno, estos tienen su propia Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, donde también encontramos una buena lista de cuestiones relacionadas con medio ambiente que quedan en el ámbito municipal.

La lista de competencias se completa, a parte de la consideración general sobre medio ambiente, con elementos del medio natural y actividades con impacto en el entorno que van desde la pesca o los aprovechamientos forestales al régimen minero y energético, que tanto juego a dado a cuenta de los diferentes criterios sobre el impacto de la extracción de recursos no convencionales.

constitucion_art_45

De las previsiones del artículo 45, la última de las cuestiones por desarrollar y, sobre todo, aplicar es la relativa a la reparar el daño causado. En la mayoría de los supuestos de daño al medio ambiente la reparación es una utopía inalcanzable: no podemos restaurar de la noche a la mañana un ecosistema que es el fruto de la sucesión ecológica actuando durante siglos sobre un territorio. El régimen de garantías financieras previsto en la normativa sobre responsabilidad por daños al medio ambiente ayuda, pero sigue sin estar a la altura de la previsión constitucional a la vista de sucesos que siguen ocurriendo en nuestro país.

Sí, la Constitución Española recoge el derecho al medio ambiente. Un medio ambiente que nos permita desarrollarnos y disfrutar de una calidad de vida adecuados. Un derecho del que se derivan las obligaciones de utilizar el entorno de manera responsable.

Pero si me preguntan, creo que si alguna vez se abre de verdad el melón de la reforma constitucional, habría que aprovechar para cambiar el artículo 45 de sitio y ponerlo en ese grupo de derechos y libertades fundamentales que vinculan a todos los poderes públicos y que no requieren leyes que los desarrollen. Y, ya puestos, ampliar eso de la “indispensable solidaridad colectiva” para que recoja el concepto de sostenibilidad y sus implicaciones con las generaciones presentes y futuras… avanzar de la protección del medio ambiente y dar un necesario paso hacia la sostenibilidad.

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Dos cosas que deberías saber sobre la aplicación de las Directivas Ambientales Europeas

Publicado en: Comunidad ISM » Blogs por avizcaino. Texto original

Con frecuencia cuando auditamos sistemas de gestión ambiental, en respuesta a los requisitos sobre identificación y evaluación del cumplimiento de la legislación ambiental encontramos listados rebosantes de referencias a Directivas que nos vienen de Europa.

En una organización puntera, al día de los requisitos legales y con inquietudes en adelantarse a éstos en su planificación, tiene mucho interés que los responsables de medio ambiente estén al corriente del contenido de estas Directivas. Especialmente si participan en grupos de trabajo sectoriales con los cuales pueden hacer valer los intereses de sus empresas en los futuros desarrollos legislativos.

Pero para la inmensa mayoría de las empresas y responsables de sistemas de gestión ambiental la importancia de estas directivas es relativa y, por si no lo sabías, estos son los motivos principales:

-          Van dirigidas a los Estados miembros: las directivas establecen una serie de obligaciones que debe cumplir el Estado. Así, tal cual. Por ejemplo, la  Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de noviembre de 2008 sobre los residuos, cuando habla de valorización, establece algo así como que: Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que todos los residuos se sometan a operaciones de valorización … para facilitar o mejorar la valorización, los residuos se recogerán por separado si resulta viable técnica, medioambiental y económicamente, y no se mezclarán con otros residuos u otros materiales con propiedades diferentes.

-          Requieren de transposición al ordenamiento jurídico interno: para dar cumplimiento a las directivas, los Estados miembros incorporan sus disposiciones a la legislación nacional, trasladando a quien corresponda los requisitos pertinentes. Siguiendo con el ejemplo, la Ley dice, entre otras muchas cosas: Las autoridades ambientales en su respectivo ámbito competencial tomarán medidas para fomentar un reciclado de alta calidad y, a este fin, se establecerá una recogida separada de residuos, entre otros de aceites usados, cuando sea técnica, económica y medioambientalmente factible y adecuada, para cumplir los criterios de calidad necesarios para los sectores de reciclado correspondientes. Antes de 2015 deberá estar establecida una recogida separada para, al menos, los materiales siguientes: papel, metales, plástico y vidrio Las Entidades Locales habilitarán espacios, establecerán instrumentos o medidas para la recogida separada de residuos domésticos y en su caso, comerciales a los que es preciso dar una gestión diferenciada bien por su peligrosidad, para facilitar su reciclado o para preparar los residuos para su reutilización.

Y, también entre otras muchas cosas a las empresas les cae: El productor u otro poseedor inicial de residuos comerciales no peligrosos deberá acreditar documentalmente la correcta gestión de sus residuos ante la entidad local o podrá acogerse al sistema público de gestión de los mismos, cuando exista, en los términos que establezcan las ordenanzas de las Entidades Locales.

Imagen http://studenttimes.org/

Por supuesto, las Entidades Locales legislarán su parte con ordenanzas municipales que establecerán las condiciones en las que debe realizarse esa entrega de residuos. Así pues, a cualquier empresa, especialmente la inmensa mayoría de las pequeñas y medianas empresas que operan en nuestro país, están directamente obligadas por esa normativa local, mientras que las directivas que recopilan en los listados y carpetas “para la ISO” no contemplan directamente requisitos que tengan que cumplir.

¿Quiere decir esto que nos tenemos que olvidar de las directivas europeas? Por supuesto que no, antes o después sus contenidos nos acabarán llegando en forma de leyes y reales decretos que deberemos cumplir, por lo que una empresa que se precie de ser proactiva en el ámbito de la gestión ambiental (o cualquier otro ámbito legislado a nivel europeo) debería echar un vistazo a esas directivas, tanto para anticiparse al cumplimiento de los requisitos que se transpondrán al ámbito nacional, como para participar activamente, en la medida de sus posibilidades, en ese proceso de transposición.

Por cierto, pasado el pazo de transposición se entiende que los derechos y obligaciones derivados de la directiva en cuestión están vigentes en todos los Estados miembros, por lo que los estados con cierta “pereza legislativa” no sólo se exponen a las pertinentes sanciones europeas, también abren una vía de conflictividad social a cuenta de los derechos que los ciudadanos no pueden disfrutar debido a la falta de regulación de las actividades con impacto sobre su entorno.

Y ¿qué pasa con los reglamentos europeos? Si has llegado hasta aquí con interés quizá sepas que desde Europa también nos llegan reglamentos. En este caso estamos ante un tipo de norma de cumplimiento obligatorio y directo. Es decir, no requieren de transposición, por lo que su publicación oficial supone su integración en el marco jurídico nacional.

Sin olvidar que el desconocimiento no exime del cumplimiento, de entre todas las normas de rango legal a las que nos enfrentamos cuando nuestra empresa decide implantar y certificar un sistema de gestión ambiental, desde mi punto de vista, las Directivas son las que menos esfuerzo y dedicación deberían llevarnos, al menos hasta estar seguros de estar cumpliendo la normativa local, autonómica y estatal que pudiera ser de aplicación a nuestra actividad

Si te interesa profundizar más en el conocimiento de la legislación ambiental vigente y su aplicación en la gestión ambiental empresarial te recomendamos los cursos Requisitos Ambientales y Actualización Legislativa y Sistemas de Gestión Medioambiental que se imparten en el campus virtual de ISM.

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Mercancías peligrosas en Tu Ambiente

Publicado en: productor de sostenibilidad por alvizlo. Texto original

panel naranja adr

Ya tenéis a vuestra disposición el podcast de Tu Ambiente, el programa de radio de la Asociación de Ambientólogos de Madrid, en el que Diana Unzurrunzaga me entrevistaba para hablar sobre transporte de mercancías peligrosas, el ADR y la figura del consejero de seguridad.

La idea era acercar a los oyentes del programa las principales obligaciones que la normativa sobre mercancías peligrosas establece para distintos tipos de empresas, no sólo desde el punto de vista del transportista, la logística o la distribución, también para distintas industrias y otras actividades económicas, que van del envasado o la venta de productos cosméticos y de limpieza al suministro de combustibles de calefacción. Especialmente las exenciones previstas en el ADR que permiten el transporte seguro de productos de consumo.

También abordamos brevemente algunas cuestiones como la relación del ADR con otras legislaciones de carácter ambiental y de seguridad industrial tales como las que regulan los residuos peligrosos.

Finalmente comentamos sobre la profesión de consejero de seguridad para el transporte de mercancías peligrosas, la persona designada por la empresa que, estando en posesión del pertinente certificado, vela por la seguridad en todo lo relacionado con los riesgos asociados al transporte de mercancías peligrosas.

Si no lo has escuchado todavía, no te quedes con las ganas: aquí tienes el programa Tu Ambiente sobre Transporte de Mercancías Peligrosas y sus implicaciones ambientales.

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