Publicado en: productor de sostenibilidad por alvizlo. Texto original
Esta semana nos volvemos a amanecer con titulares sobre lo caro que es el sistema de depósito, devolución y retorno (sddr) que se quiere implantar en alguna parte. En este caso es en la Comunidad Valenciana. Pero ¿en qué se basan estos titulares?
Pues en un estudio francamente chapucero. El mismo que se empleó para cuestionar la implantación del SDDR en Canarias. Chapucero porque hasta que lo comenté en este blog, había algunas sumas mal hechas. Las mismas que en el estudio de Canarias. A la vez que se corrigió aquel se ha corregido este. Y con el mismo resultado: no afecta a las conclusiones.
Igual que en el caso canario, la versión previa del estudio de costes del SDDR en la Comunidad Valenciana tampoco sumaba bien el número de envases. Afortunadamente, y sin despeinarse mucho, alguien ha vuelto a hacer las cuentas. Lo curioso es que pese al desfase de unas cuantas decenas de miles de envases en el diagnóstico siguen sin cambiar los resultados o las conclusiones de este riguroso estudio.
Luego, o tenemos un montón de paja (que no sirve más que para aburrir al lector y distraer su atención de otros cálculos más complejos de analizar), o estamos aplicando una solución poco adecuada al problema estudiado -cuyo diagnóstico que varía en decenas de miles de envases sin afectar lo más mínimo al resultado y las conclusiones obtenidas-.
Después de alertar sobre la chapuza de estudio donde se indicaba que se recogían más envases de los que se ponían en el mercado, veo que, para los cálculos de costes, también se va a recoger a más supermercados de los que existen en el diagnóstico.
No son fallos de metodología o estimaciones, son fallos que se demuestran el poco rigor del estudio y lo descalifican por chapucero. No es una cuestión ideológica: es el análisis crítico de un documento que se esgrime con argumento de autoridad en un debate complejo que afecta al presente y futuro de la gestión de residuos de envases en España.
Pero hay más. Mucho más. La distancia que se estima como promedio desde los núcleos de población hasta la planta de conteo de los envases recogidos varía a lo largo del estudio del SDDR en la Comunidad Valenciana. El valor cambia según la parte del texto que estemos leyendo. Y este dato sí interviene en los cálculos con los que se llega al resultado final expuesto entre las conclusiones del estudio. ¿Se corregirá sin explicación y sin alterar esas conclusiones?
El resto del documento es un montón de cálculos basados en estimaciones y más estimaciones. Muchas de ellas apoyadas en referencias difícilmente contrastables, ya que no hay rigor en las citas bibliográficas y algunos enlaces apuntan a documentos que no están disponibles en la web. También se podrían cuestionar algunas fuentes y auto – referencias alegando que se citan informes que sufren del mismo sesgo que el analizado. Por no hablar de las referencias a estudios (como el famoso de Sismega) que llevan años cuestionados por errores de bulto similares a los que señalo en este artículo.
Como para muestra sirve un botón, he elegido uno de los datos que participan en el resultado final y cuya fuente pude localizar con una simple búsqueda en Internet. Se trata de la estimación del coste promedio del alquiler de superficie comercial. Se utiliza un dato, cuanto menos, llamativo: 63,6 euros/m2 al mes. Esto implica que, según este riguroso estudio, una tienda de barrio que ocupe un pequeño local comercial de 50 metros cuadrados estaría pagando 3.180 euros mensuales sólo en concepto de alquiler del local.
Hay que vender unas pocas latas de refresco para cubrir este coste. 63,6 euros/m2 al mes. No sé si es algo que, de media, se puedan permitir los establecimientos especializados en alimentación y bebidas de la Comunidad Valenciana, pero desde luego me parece un precio desorbitado y claramente alejado de la realidad. Así que busqué el origen de esta cifra tan llamativa, que en una llamada al pie llevaba a la referencia 17 “informe locales Comerciales 2015. Ferran y Gesvalt”.
Con este título y fecha encontramos un Informe Locales Comerciales 2015 que, según podemos leer en el mismo:
Este informe cumple con creces el ambicioso objetivo de examinar el sector Retail en las denominadas ‘zonas prime’ de algunas de las principales ciudades españolas: Madrid, Barcelona, Valencia y Palma de Mallorca.
Es decir, se está aplicando como coste promedio del alquiler para espacios de almacenamiento de envases vacíos en establecimientos comerciales de toda la Comunidad Valenciana el coste de tener un local “prime” (lo que quiera que signifique esto) en Valencia capital. Que conste que no sé lo que se paga de alquiler en un supermercado en Ontinyent, Burriana o Petrer, pero tengo mis dudas de que -salvo excepciones muy concretas- sea algo, de media, cercano a los 63,6 euros/m2 al mes.
¿Podríamos analizar el resto de estimaciones que utiliza el estudio para cuestionar el desarrollo e implantación del SDDR? Quizá sí, yo no tengo tiempo, ni interés, ni ganas de seguir con este estudio en particular, que me parece un insulto a la inteligencia colectiva. Hay muchas cosas más gratificantes sobre las que seguir aportando para conseguir cambios por una mejor gestión de nuestros residuos.
Creo que lo de las sumas de envases, la aparición de establecimientos fantasma, la fluctuación de distancias y el coste del alquiler son ejemplos suficientes que ilustran que estamos ante una chapuza.
Quizá me podría haber ahorrado los adornos con los que he completado el mensaje en las entradas anteriores de este blog. Pero creo que son necesarios para entender la magnitud del problema:
- Estamos ante una chapuza en la que aparecen los nombres de varias universidades públicas, entre otras mi “alma mater”, en la que alguien me explicó, entre otras muchas cosas, la normativa aplicable, cómo contar flujos de gestión de residuos y elaborar estadísticas en la materia. Por ello me duele personalmente que aparezca el logotipo de la Universidad de Alcalá en semejante despropósito.
- La entidad que publica el estudio está creada, expresamente, para generar opinión pública en materia de residuos. Si lo hiciese sobre una base sólida podría tener un pase, pero no parece ser el caso.
- En nuestro país se están tomando decisiones sobre gestión de residuos con una información más que dudosa sobre las alternativas al ineficiente modelo actual.
- La prensa no se hace eco de estas chapuzas y reproduce a pies juntillas las notas de prensa emitidas por entidades que hacen, publican o financian estos estudios.
- A la vez que financia estos estudios chapuceros, entre otras muchas actuaciones para lavar su imagen, sacar el foco informativo de los deficientes resultados en materia de reciclaje y perpetuar su modelo de negocio, la empresa privada –sin ánimo de lucro- que gestiona el dinero con el que se deberían reciclar todos los envases ligeros puestos en el mercado, ecoembes, edita una guía -destinada a entidades locales- destinada sobre cómo mejorar la transparencia en la información sobre reciclaje. (¿Dejando de generar información sesgada, parcial, confusa, interesada…?)
Así pues, disculpen mi malestar. Estos estudios sobre los costes del SDDR son una chapuza que soporta la argumentación interesada sobre una forma de gestionar residuos de envases que nos cuesta mucho dinero a todos los consumidores y a todos los contribuyentes. Y esta afirmación será motivo de una próxima entrada.
El mensaje, por mucho que alguien intente desviar la atención intentando convertir esto en un enfrentamiento con descalificaciones personales, es que se está pervirtiendo el proceso de toma de decisiones en materia de gestión de residuos –cuestión crítica para la sostenibilidad de nuestro modelo de desarrollo- con estudios que carecen del rigor necesario para que sus conclusiones puedan esgrimirse como argumento válido. Los firme, en el caso de que estuviesen firmados, quien los firme.
El problema: que se hace mucho ruido con las cuestionables conclusiones de estudios de dudoso rigor y falta transparencia real sobre lo que de verdad necesitaríamos para poder decidir sobre el modelo de gestión de residuos:
- no sabemos cuántos envases se ponen en el mercado,
- no sabemos cuántos de ellos se recogen en el contenedor amarillo o por otras vías,
- no sabemos qué cantidad de envases entra en plantas de clasificación de residuos,
- no sabemos cuántos se recuperan en estas instalaciones,
- no sabemos cuántos envases de los que se ponen en el mercado finalmente se reciclan.
Analizar todo ello en detalle dará para muchas otras entradas en este blog. En cualquier caso, las preguntas sin respuesta sobre los estudios de costes del SDDR se simplifican:
- ¿Van a retirar estos chapuceros estudios con el bombo y el platillo con el que se presentaron?
- ¿Algún profesional de la comunicación ambiental va a investigar sobre lo que, si no es un escándalo, es una verdadera tomadura de pelo?
- ¿Algún medio va a retirar los titulares perniciosos que ha publicado en base a las conclusiones de estos estudios?
Lo dicho. Buenas noches y buena suerte.
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