Ayuntamientos responsables hacen compra pública verde

Uno de los instrumentos que con más facilidad se nos viene a la cabeza cuando hablamos de sostenibilidad en la esfera municipal es Agenda 21 Local. Una interesante herramienta, surgida de la Conferencia de la Organización Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, más popularmente conocida como la Cumbre de la Tierra, que se celebró en de Río de Janeiro allá por el año 1992.

Un municipio que se precie de responsable e implicado con la participación de sus vecinos en la toma de decisiones contará con procesos de Agenda 21 Local, marco ideal para el desarrollo de otras iniciativas interesantes para mejorar su sostenibilidad.

Una de las más interesantes, por su capacidad de influir en el comportamiento de otros agentes, es la compra pública verde. La Unión Europea define la contratación pública verde (Green Public Purchasing) como un proceso por el cual las autoridades públicas tratan de adquirir mercancías, servicios y obras con un impacto medioambiental reducido durante su ciclo de vida, en comparación con el de mercancías, servicios y obras con la misma función primaria que se adquirirían en su lugar. Esta idea se desarrolla en el manual sobre de contratación pública ecológica de la Comisión Europea.

La idea de contratación pública verde pretende impulsar una utilización más sostenible de los recursos naturales y de las materias primas, que beneficia tanto al medio ambiente como a la economía en su conjunto, y crea oportunidades para las economías ecológicas emergentes, al mismo tiempo que incentiva la competitividad de la industria al promover la innovación en ecotecnologías.

España cuenta con un Plan de Contratación Pública Verde y en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se establecen algunos criterios ambientales que deben cumplirse por cualquier Administración, incluida la local, a la hora de establecer contratos. A pesar de que su aplicación es meramente anecdótica, entre los criterios de solvencia se recoge la indicación de las medidas de gestión medioambiental que el empresario aplicaría al ejecutar el contrato.

La acreditación del cumplimiento de las normas de gestión medioambiental se puede conseguir mediante la presentación de certificados expedidos por organismos independientes que acrediten que el empresario cumple determinadas normas de gestión medioambiental, contemplándose como tales el sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS) o las normas de gestión medioambiental basadas en las normas europeas o internacionales en la materia y certificadas por organismos conformes a la legislación comunitaria o a las normas europeas o internacionales relativas a la certificación.

En la esfera local, los criterios de contratación pública verde pueden ser claves para favorecer aquellos productos, actividades y servicios comprometidos con la conservación del entorno y el desarrollo sostenible.

Los ayuntamientos juegan un papel clave en este ámbito. Recurriendo a proveedores de bienes y servicios ecológicos pueden favorecer la actividad de las organizaciones orientadas en la gestión ambiental de sus productos, en detrimento de otras que no tienen en cuenta el impacto de su actividad y no internalizan los costes de contaminar el entorno.

Personalmente preferiría que mi ayuntamiento gastase mis impuestos en empresas más sostenibles que contribuyesen a un futuro mejor para todos ¿y tú?

Alberto Vizcaíno colabora con el Instituto Superior del Medio Ambiente como docente de los cursos: Agenda 21 y Herramientas de Sostenibilidad, Requisitos Ambientales y Actualización Legislativa y Especialista en Sistemas Integrados.



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