Jánovas: legislación ambiental y poder en España.

Publicado en: productor de sostenibilidad por alvizlo. Texto original

D90-2010-05-30-05459El equipo de Salvados lo ha vuelto a hacer. Con cada programa consigue poner el dedo en alguna herida más o menos olvidada pero siempre abierta. En particular el programa sobre el pueblo de Jánovas y el embalse que nunca fue me ha parecido brillante, tanto por lo que dice expresamente como por lo que transluce. No es sólo una recopilación de testimonios sobre el drama que vivieron las personas desalojadas de sus casas. Que vieron cómo una compañía eléctrica las dinamitaba para que no pudieran volver a ellas y que ahora exige a esas personas y sus descendientes un pastizal para recuperar escombros donde rebuscar sus raíces.

El reportaje es un capítulo más del culebrón sobre el poder de las empresas eléctricas en España, su capacidad de influir en los procesos de toma de decisiones, de violar los derechos de las personas y de dejar la legislación ambiental en papel mojado.

Se inicia con la imagen y las palabras de José Antonio Labordeta denunciando el espolio de la dignidad humana a cuenta de la especulación de agua y suelo ejercida por el poder económico. Y sigue con el intento de los afectados de definir con una palabra el asunto de Jánovas: un pueblo expropiado en la dictadura para la construcción de un embalse. Uno de tantos pueblos. Uno de tantos embalses que, ejecutados o no, marcaron el destino de familias, territorios y del conjunto del país. Para mal o para bien.

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Y Salvados nos indica por qué. Más allá de la pertinaz sequía, los intereses de la política energética estaban por encima de los intereses de pequeños pueblos, hasta el punto que las propias empresas diseñan la política energética y organizan el sistema eléctrico español: el Estado se somete a su “buen hacer”. Pero no sólo es una cuestión energética: también económica.

La pregunta quizá puede ser ¿por qué no acabó el drama de Jánovas al iniciarse la democracia? La entrada en la Unión Europea y la transposición a nuestro ordenamiento jurídico de la normativa sobre evaluación de impacto ambiental podían haber supuesto un final feliz a esta historia, pero no fue así.

Y en parte por cómo aplicamos en España la legislación ambiental. De todos los testimonios del reportaje me quedo con el de Juan Luis Muriel (en el corte enlazado no está completo, se pierden un par de minutos que completan la argumentación y el proceso de la declaración de impacto ambiental). Cuenta su experiencia desde que los técnicos emiten informe para una declaración de impacto ambiental negativa en relación al embalse de Jánovas hasta que ésta se publica en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Y las consecuencias políticas tanto para los cargos políticos que firman la declaración como para los que retrasan su publicación.

La evaluación de impacto ambiental funciona así. La empresa promotora del proyecto realiza un estudio con el que se pretende justificar la compatibilidad (de la mejor alternativa posible) con el entorno en el que se ubica. Se deben analizar variables ambientales, sociales y económicas. La Administración, técnicos independientes cuyos sueldos pagamos entre todos para que su trabajo se realice en base al interés general, emiten un informe basándose en ese estudio, consultas a expertos, otras Administraciones implicadas y a la población en general en un proceso de información y participación pública.

Negativo.

El proceso de evaluación ambiental del embalse de Jánovas resultó en una declaración de impacto ambiental -el pronunciamiento de la Administración- negativo.

Eso es lo que dijeron los técnicos. Pero la declaración la firma y la hace pública un cargo político. Que, según sus palabras, fue invitado a revisar la propuesta de declaración y pedirle al técnico responsable que cambiase el sentido de la misma. El testimonio recoge que, consultado al respecto, el propio técnico dejó su cargo a disposición de la persona que tenía que firmar la declaración y recomendó a otro técnico “más proclive” a cambiar el sentido del informe que daría lugar a la resolución administrativa.

Quizá por integridad profesional, quizá por el sentimiento de culpa que genera haber conocido unos años antes a los afectados, quizá por otros motivos e intereses que no conoceremos, Juan Luis Muriel no utilizó su situación de poder para conseguir un informe favorable que permitiese emitir una declaración positiva. Y quizá porque sabía que acababa su tiempo en el puesto la ministra de turno le permitió firmar una declaración negativa, en marzo de 2000, que tardó casi un año en ver la luz con su publicación en el BOE en enero de 2001.

Así pues, no es el valor ecológico, el impacto sobre la situación económica, el interés general o la dignidad de los vecinos de Jánovas quien decide sobre el sentido de la declaración de impacto ambiental. La lucha de poder dentro de un partido político, los plazos electorales y los intereses del poder económico ejercido por las eléctricas son las que siguen influyendo la toma de decisiones y retrasando su publicación en el BOE.

fiestajanovasQuizá por eso se pedía la cabeza de Jordi Évole cuando destapó el oligopolio eléctrico. Quizá por eso pagaría por descargar y conservar el vídeo íntegro del programa emitido por La Sexta. Quizá por eso utilizaría el fragmento de la declaración de Muriel si alguna vez tuviera que explicar la legislación que regula el procedimiento de evaluación de impacto ambiental.

Quizá son demasiados flecos sueltos, demasiados intereses perversos que condicionan la profesión y hacen perder la esperanza. Y no sólo a los afectados por los embalses.

Por eso hay que decirlo alto y claro: nos jugamos mucho y se nos acaba el tiempo.

Las fotos que ilustran esta entrada las ha publicado Jose Joaquín Pérez Soriano aquí.

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