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El pasado 13 de junio, se aprobó en el Congreso de los Diputados la declaración de Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, poniendo fin de esta manera a una reivindicación casi centenaria de protección de este espacio con el que tanto se identifican los madrileños, aunque no siempre ha sido así.
Y es que no fue hasta el último cuarto del siglo XIX, cuando un grupo de entusiastas pedagogos, encabezados por el maestro Giner de los Ríos, fundadores de la Institución Libre de Enseñanza -apartados de sus cátedras por su intento de modernizar la educación en España- descubrieron el valor paisajístico, ambiental y territorial de la Sierra, que hasta entonces había sido refugio de bandoleros. Su esfuerzo culminó en 1920 cuando la Sociedad de Alpinismo Peñalara propuso la declaración de Parque Nacional, cayendo en el olvido años después debido al advenimiento del golpe militar del 36, y la asociación que se hacía desde los núcleos franquistas de la Sierra de Guadarrama con el movimiento republicano.
No es, por tanto, hasta los años 80 del pasado siglo cuando se retoma la protección ambiental de este espacio mediante figuras tales como el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares o el Parque Natural de la Cumbre, Circo y Lagunas de Peñalara.
Ahora bien, la cuestión es si el Parque Nacional responde a las expectativas generadas durante estos 93 años de espera, y protege, como así se viene reclamando desde numerosas esferas de la sociedad, el conjunto de valores que hacen de la Sierra un espacio tan relevante.
Un parque polémico
Guadarrama se ha convertido de esta manera, en el decimoquinto parque nacional de nuestro país, el quinto en extensión, abarcando un total de 33.960 hectáreas distribuidas por 28 términos municipales, 16 en la Comunidad de Castilla y León y 12 en la Comunidad de Madrid. Aún así, atendiendo a criterios puramente ecológicos y territoriales, se considera que este parque no debía tener una superficie inferior a 50.000 hectáreas.
Pero no es la superficie del parque lo que más ampollas ha levantado, sino su trazado. Y es que, basta solamente con observar la delimitación geográfica que se ha hecho de éste, para darse cuenta de que algo falla.
Lo primero que llama la atención es el profundo estrangulamiento de los límites del parque en algunos puntos como el Puerto de Navafría -donde tiene apenas 200 metros de ancho atravesados por la carretera SG-612-, la Zona Especial de Navacerrada y la del Alto de Guarramillas (Bola del Mundo) -con unos escasos 500 metros de margen- y las estaciones de Navacerrada y Valdesquí, siendo éste el principal caballo de batalla entre administración, por un lado, y la oposición y los ecologistas por otro.
El mayor temor que existe respecto al estrechamiento de Valdesquí es que éste sea la antesala de una futura anexión de sendas estaciones, hecho que no desmiente explícitamente la declaración que está a punto de aprobarse.
Y es que, aunque la Red de Parques Nacionales haya dado su visto bueno a esta delimitación, la Ley 5/2007 en su artículo 9.1 apartado d)es bastante clara aduciendo que la superficie del Parque Nacional se caracterizará por la continuidad territorial, entendida como ausencia de fragmentación de su superficie y de elementos de estrangulamiento territorial…, algo difícilmente justificable en los casos anteriores.
A esto, hay que añadir la escasa protección que hace el Parque Nacional de las zonas de ladera y piedemonte, tradicionalmente las áreas más castigadas por la urbanización, centrándose generalmente en la protección de las cumbres serranas.
Llama poderosamente la atención que, en su mayoría, los terrenos incluidos en el recinto del Parque Nacional sean de titularidad pública mientras que otros con mayor importancia ecológica, como los Pinares de Valsaín o el Pinar de los Belgas -éste último refugio de la mayor comunidad de buitre negro de la Comunidad de Madrid y segunda mayor de España-, hayan quedado fuera del mismo y, por ende, desprotegidos por razones económicas el primero, y por la naturaleza de su titularidad privada el segundo.
Esta diferencia de protección entre el suelo público y el privado abre la puerta a seguir urbanizando la ladera hasta con 40.000 viviendas más, produciendo un “efecto borde” que dificultará sobremanera la adecuada protección del territorio guadarrameño y las especies que habitan en él.
De aquellos barros, estos lodos
La realidad es que la Sierra de Guadarrama vive una situación muy compleja, herencia de la excesiva permisividad en materia urbanística de las diferentes administraciones que, con el fin de dar cabida, a lo largo de varias décadas, a una nutrida bolsa de viviendas de segunda residencia, avalaron todo tipo de actuaciones en este sentido.
Esta situación ha supuesto convertir a Guadarrama en un territorio depredado y acosado por la actividad humana, pero que aún así ha logrado conservar a duras penas sus valores intrínsecos e identitarios.
Se antoja pues, una tarea complicada la de gestionar en la actualidad un espacio con una presión humana tan elevada y compatibilizarlo a su vez con una protección ambiental de máximo nivel como es la declaración de un Parque Nacional.
Con todo, parece que el nuevo Parque no va a responder a las expectativas generadas durante estos casi 100 años desde su propuesta inicial. Aunque es cierto que es mejor esta protección que ninguna, parece que al elaborar el trazado del Parque, se ha optado por el camino más fácil, uno que no molesta a nadie pero que gusta a muy pocos, y en el que los criterios ambientales y territoriales parece que no han sido los que más han pesado.
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