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El reciente abandono de un proyecto multimillonario de explotación de recursos fósiles en la costa australiana de Kimberley, a manos de la compañía Woodside Petroleum -socia de Repsol y propietaria del 30% de las acciones del proyecto de explotación de hidrocarburos en Canarias- ha sido recibido en la sociedad canaria como un aliento de esperanza en su lucha contra los gigantes del sector petrolero.
Las razones que aduce dicha compañía para justificar la cancelación de su megaproyecto, se basan en que éste “no cumplía con los requerimientos comerciales que justificasen la multimillonaria inversión” que ascendía hasta un montante de 35.000 millones de euros. Aunque lo cierto es que desde el comienzo del proyecto, Woodside Petroleum y su socia Shell, se encontraron con una férrea oposición social formada por comunidades indígenas, administraciones locales y regionales y grupos ecologistas que pusieron el grito en el cielo ante el atentando medioambiental que se estaba planeando y que suponía la afección crónica al hábitat de numerosos cetáceos, mamíferos marinos, tortugas y aves, además de la destrucción de importantes barreras coralinas.
Para muchas personas en Canarias, éste anuncio supone, tal y como expresa, entre otros, el Gobierno del Cabildo de Lanzarote, “un reflejo de sentido común y de respeto hacia las demandas y derechos de las poblaciones afectadas, y confía en que este hecho haga reflexionar a Repsol para que determine un cambio radical de rumbo sobre sus intenciones en Canarias, completamente opuestas a las demandas de la ciudadanía y de sus instituciones”.
Fuente: www.alagoasbusiness.com
Recordemos que el proyecto petrolífero canario, al que se dio luz verde en el año 2001, durante el mandato de José María Aznar, y que fue anulado por el supremo en 2004, fue recuperado en marzo de 2012 por el actual Gobierno del Partido Popular ante el estupor y la indignación de buena parte de la población del archipiélago. Éste, consiste en realizar prospecciones petrolíferas a 60 Km de las costas de Lanzarote y Fuerteventura -según el Gobierno estatal- y hasta 10 Km -según el Gobierno Canario-, en una zona con una profundidad media de unos 1.200 metros, lo cual supone poner en serio riesgo el patrimonio natural y paisajístico del archipiélago, algo que un territorio donde el turismo es la principal fuente de ingresos no se puede permitir.
Canarias, las islas “desafortunadas”
Desde entonces, mucho se ha hablado acerca de los supuestos beneficios económicos que traería para las islas Canarias la instalación de una explotación de estas características en sus costas, con el fin de intentar compensar la innegable peligrosidad ambiental de un proyecto de semejantes características.
Los defensores del proyecto, Repsol y el Gobierno de España con el ministro Soria a la cabeza, afirman que, de encontrarse la ansiada bolsa de petróleo, se podría reducir la dependencia energética española del exterior un 10%, ingresar 700 millones de euros para el Estado, crear entre 3.000 y 5.000 puestos de trabajo… Datos que suenan a cantos de sirena y que para cualquier sociedad con una tasa de paro del 34,27% -datos de la EPA del primer trimestre de 2013- como la canaria sería un caramelo demasiado dulce como para rechazarlo.
En contraprestación, hay que recordar que la futura explotación, aunque se hiciera con barcos y no con plataformas como afirman que se hará desde la petrolera, está sujeta a pérdidas o escapes que a nivel mundial alcanzan la escalofriante cifra de 130.000 toneladas de petróleo vertido al mar cada año, lo que supone que de cada 100 toneladas extraídas 100 kg de crudo van al mar.
Aunque parece que lo que importa a algunos políticos no es si se vierte petróleo sino más bien a dónde va el vertido, ya que en palabras del portavoz del PP en la comisión de Industria del Parlamento de Canarias, Manuel Fernández, “hay riesgo cero de que se produzcan derrames de petróleo en las islas y, en caso de que ocurriera, las corrientes marinas se lo llevarían hacia la costa de África”, palabras calificadas de “falta de respeto hacia los países africanos” por el secretario general de Coalición Canaria, José Miguel Barragán.
Lo cierto es que la explotación petrolífera que se pretende llevar a cabo afecta a un territorio -entre Lanzarote, Fuerteventura y el archipiélago Chinijo- que recoge la mayoría de las más altas protecciones medioambientales a nivel nacional e internacional, tales como Reserva de la Biosfera, Parque Nacional, Parque Natural, Reserva Marina, Zona de Especial Protección para la Aves (ZEPA), Áreas Importantes para la Conservación de las Aves y Lugar de Interés Comunitario (LIC). Toda esta protección se justifica por la presencia, entre otros, de 30 de las 86 especies de cetáceos de todo el mundo, la mayor población reproductora del territorio nacional de pardela cenicienta, las únicas colonias españolas de paíño pechialbo, petrel de Bulwer, gaviota de Audouin y un largo etc.
Canarias Vs Repsol
La oposición al proyecto liderado por Repsol, y secundado por el Ministerio de Industria, no puede ser más unánime: los 13 ayuntamientos de Lanzarote y Fuerteventura, junto con sendos cabildos insulares, el Gobierno regional de las islas, asociaciones de empresarios, organizaciones ecologistas -Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF España- y gran parte de la población canaria han mostrado conjuntamente desde el inicio su más rotunda negativa a un proyecto que califican como “catastrófico” y “prepotente”, asegurando que el Gobierno de Mariano Rajoy está actuando de “portavoz de Repsol, una compañía privada, en vez de defender el interés general del archipiélago y de sus ciudadanos”.
Incluso el argumento chantajista de la creación de empleo a cualquier precio parece que ha pinchado en hueso con la población canaria que, conocedores del tesoro que poseen en su territorio, tienen muy claro el modelo de desarrollo que desean para el archipiélago. Un modelo coherente con el medio y con las personas que lo habitan, que huya del cortoplacismo gubernamental y les permita tener una proyección más allá de 20 años, que es lo que se prevé que dure la supuesta bolsa de petróleo canario.
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