Los retos de la nueva Ley de Residuos

El pasado 14 de julio el Parlamento aprobó la nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminados, que configura y moderniza  una política más eficaz y transparente, tras más de 10 años de aplicación de la primera ley reguladora en este ámbito (Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos).

Aún siendo anteproyecto, esta ley fue muy criticada por parte de los Sistemas Integrados de Gestión, alegando que con ella se podía caer en un “grave incumplimiento” de los objetivos de separación y reciclaje fijados por la normativa nacional y europea, y que dificultaba su estructura organizativa y de funcionamiento. Tanto fue así, que incluso la Ministra de Medio Ambiente tuvo que confirmar que en el trámite parlamentario se iban a “oír todas las posturas”, y apeló a la responsabilidad empresarial y ciudadana.

Más tarde, una vez publicada, la ley generó mucho debate: mientras grupos ecologistas la calificaban de “oportunidad perdida para la reducción y el reciclaje”, otros colectivos como FSC España la elogiaban por incluir la certificación forestal en los envases y sus etiquetas.

Pero, ¿qué es lo novedoso que aporta esta ley?

En primer lugar, la norma recoge todo lo aprobado en la Directiva 98/2008/CE sobre residuos, también denominada “Directiva Marco de Residuos”, introduciendo por primera vez en nuestra legislación mecanismos para priorizar el reciclaje dentro de la Unión Europea, y atajando así las crecientes exportaciones de residuos a países asiáticos, con el consiguiente incremento de emisiones debido al transporte.

Asimismo, la nueva Ley 22/2011 de Residuos asume la jerarquía propuesta por la Directiva Marco de Residuos que sirve de orden de prioridades en la legislación y la política sobre la prevención y la gestión de los residuos, que se muestra en el siguiente gráfico:

Fuente: Elaboración propia a partir de la Directiva 2008/98/CE

Por lo tanto, y en palabras del Ministerio:

“La nueva Ley apuesta por la prevención, la maximización del aprovechamiento de los recursos, y la disminución de los impactos adversos de su producción y gestión sobre la salud humana y el medio ambiente.”

También introduce una serie de cambios significativos:

  • Actualiza el régimen jurídico de la producción y gestión de los residuos.
  • Delimita las obligaciones de productores y gestores, simplificando trámites administrativos con la utilización de un registro compartido entre las distintas administraciones, para garantizar la transparencia y trazabilidad en la gestión.
  • Propone la creación de una Comisión como instrumento de cooperación y coordinación entre administraciones públicas, que buscará “soluciones eficaces, transparencia en la gestión y mayor accesibilidad de información”.
  • Clarifica las competencias de las entidades locales en relación con los residuos generados en los municipios.

Respecto a los suelos contaminados, se mantiene el régimen aplicable reflejado en la Ley 10/1998, y se matizan, entre otros, aspectos relacionados con la responsabilidad de la contaminación de los suelos.

La norma, además, propone una serie de objetivos concretos, como los siguientes:

  • Antes de 2015 deberá llevarse a cabo una recogida separada de distintos materiales procedentes de residuos (papel, plástico, vidrio, metales), que posibilitará la separación de los biorresiduos y la puesta en marcha de Sistemas de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR) para envases reutilizables, que a pesar de los interrogantes que genera, se estima que genere una gran cantidad de puestos de trabajo..
  • Antes de 2020 deberán ser reutilizados y reciclados un 50%  de los distintos materiales que componen los residuos domésticos y similares.
  • En el caso de los residuos de construcción y demolición el porcentaje se eleva al 70% en reutilización, reciclado y valorización.
  • Establece un calendario hasta 2018 de sustitución de bolsas comerciales de un solo uso de plástico no biodegradable, y desde 2015, la obligación de marcarlas con mensaje sobre sus efectos en el medio ambiente.

Todo esto ya se vislumbraba en el Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR) 2008-2015, y la norma no hace sino refrendar estos ambiciosos objetivos.

Nuevos desafíos.

Sin embargo, toda esta serie de medidas y objetivos han dado lugar a retos como:

  • A pesar de los esfuerzos por la transparencia, la cooperación entre administraciones y la fluidez de la información, sigue habiendo una insuficiencia de datos sobre la generación y gestión de residuos, datos que son “pocos y no siempre verificados” (punto 4.1. del PNIR 2008-2015).
  • Además de lo anterior, los datos se obtienen con mucho retraso, lo que dificulta la toma de decisiones.
  • España tiene todavía la responsabilidad de cumplir los objetivos establecidos por la Unión Europea. En particular en cuanto a los niveles de reciclaje de envases, que siguen estando por debajo de lo que exige Bruselas y que han motivado el envío de quejas a la Comisión Europea por parte de grupos ecologistas.
  • Es notable el déficit de infraestructuras para la recogida selectiva de residuos, y la falta de concienciación por parte del ciudadano, lo que hace que del total los residuos urbanos generados, sólo el 14% sean recogidos de forma selectiva, y el 3% depositados en puntos limpios (ver datos).
  • En nuestro país, el 67% de los residuos urbanos generados terminan depositados en vertederos, y todavía existen 43 vertederos ilegales activos (ver datos).
  • El crecimiento de la cantidad de residuos por habitante y año es superior al del PIB (datos estadísticos de coyuntura ambiental [enlace a la tabla]).

Esto demuestra que no estamos en disposición de poder ir cumpliendo los objetivos marcados. Y es que la mejora en la gestión de los residuos y la superación de estos retos pasa por

Tratar al sector de los residuos como un sector industrial más, con sus características propias, y no como el cajón de sastre que permite ir “poniendo parches” a las externalidades generadas por compañías, ciudadanos y administraciones.

Para esto es necesario un cambio de paradigma en la visión del residuo, no ya como un desecho, sino como un subproducto útil para otros fines, lo que supone un enorme esfuerzo económico, social y ambiental.