Publicado en: 1/4 de ambiente por Txema CG. Texto original
La noticia saltaba la semana pasada: Australia va a aprobar un impuesto ambiental que gravará cada tonelada de CO2 emitido (y el día 19 se hizo público que España está pensando en implantar una tasa similar). Como diría un tertuliano en una de esas emisoras: “Ya está, el malvado Estado sacando provecho, vía impuestos, del “inexistente” cambio climático.” Aunque el asunto, como diría Ben Goldacre, es un poco más complicado de lo que parece.
Resulta sorprendente lo que ha tardado Australia en adoptar una medida de este tipo teniendo en cuenta que la UE ya adoptó su mercado de emisiones en 2005 y es el país que emite el 1,5 % de gases de efecto invernadero (que para un país de 22 millones de habitantes es uno de los mayores ratios de emisión per cápita) impulsado sobre todo por su tremenda cabaña bovina y su total dependencia energética del carbón. A eso hay que sumarle que está sufriendo los grandes problemas ambientales de primera mano: la debilitación de la capa de ozono incrementó el número de casos de cáncer de piel y el cambio climático está destruyendo la Gran Barrera de Coral, con la bajada de ingresos turísticos que supone, y está desplazando a otros habitantes de Oceanía a su territorio debido a la inundación de sus islas.
Pero, ¿en qué consiste este impuesto? ¿Lo van a pagar todos los australianos? El impuesto consiste en gravar con 23 $ australianos (unos 17 €) la tonelada de CO2 emitida pero solo lo pagarán aquellas empresas que superen las 25.000 tm/año, unas 500 en todo el país. Solo cuenta con el apoyo del 30 % de la población y, por supuesto, las empresas ya se están poniendo la tirita en la herida de cuantos puestos de trabajo se van a perder; lo normal, se cuentan los problemas pero no los beneficios que van a obtener.
El plan australiano va más allá de recaudar impuestos: quiere que las industrias reduzcan las emisiones dentro de un ambicioso plan que persigue el cierre en 2020 de las centrales térmicas de carbón y su sustitución por renovables. En total le va a salir por 26.000 millones de $ entre ayudas directas y exenciones fiscales y, que quieren que les diga, me parece estupendo que las que más contaminen sean las que más paguen y contribuyan a un plan del que ellas también se van a beneficiar: si reducen sus emisiones, pagarán menos, no hace falta un MBA para darse cuenta. Pero parece que el concepto de “eficiencia energética” en el mundo anglosajón no va con ellos.
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