Publicado en: 1/4 de ambiente por Txema CG. Texto original
Inauguro una nueva sección en el blog: “Invitados”. De cuando en cuando alguien se pasará por aquí a escribir una cuantas líneas. Inaugura esta sección Carlos Meza, corresponsal de Notimex y enviado especial tanto a la 16 COP como a todas las demás cumbres preparatorias.
Cuando el embajador boliviano ante Naciones Unidas, Pablo Solón, denunció “una guerra sucia para tratar de acorralar a Bolivia” eran apenas las 10 de la mañana del viernes 10 de diciembre, la jornada de cierre de la 16 Conferencia de Partes de Naciones Unidas sobre Cambio Climático que había iniciado el 29 de noviembre en Cancún con la participación de 194 partes, México. Habían pasado casi dos semanas de negociaciones en el hotel Moon Palace, eran pocos los avances sustanciales que se reportaban hasta ese momento y muchas las sensaciones de estar repitiendo las mismas diferencias, divisiones, acusaciones y evasivas que llevaron al desacuerdo infortunado de la COP 15 un año antes en Copenhague. En repetidas ocasiones el gobierno mexicano desmintió la existencia de “documentos secretos”, “negociaciones paralelas” y defendió los principios de transparencia e inclusión con que preparó la Conferencia. Lo cierto y marcadamente diferencial a la vista de todos los asistentes fue el trabajo de intensas rondas de contactos y reuniones abiertas e incluyentes organizadas por la Presidencia mexicana de la Conferencia, acompañadas de algunas sesiones plenarias “informales” que permitieron tomar el pulso y conducir los trabajos hacia un final menos peor de los que muchos auguraban pero sin la ambición que todos dicen querer.
La de Cancún no fue una Conferencia libre de caminos espinosos y todos se movieron entre el deber ser (que son los compromisos legales y morales que tienen los países para la acción conjunta) y el ser (que son la suma de dificultades en busca del consenso que exigen las reglas de la ONU y la necesidad de no romper el proceso y echarlo por la borda). Tan sólo iniciarse con una plenaria formal, Japón dejó ver que no está de acuerdo en la continuación del Protocolo de Kioto en los términos en que fue aprobado en 1997 en su país; es decir, no quiere un segundo periodo de implementación para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) al año 2020 sobre los niveles de 1990 a los que las naciones industrializadas están obligadas por su responsabilidad histórica en la contaminación del mundo. Fue este uno de los momentos que más hicieron recordar a lo vivido en diciembre de 2009 en la capital danesa. Para Japón el mundo cambió entre 1997 y 2010, y ahora ya no sólo los países industrializados deben reducir sus emisiones de GEI, sino que nuevos actores emergentes de la economía mundial y con altos niveles de emisiones deben sumarse a esos objetivos a pesar de que el Protocolo de Kioto no les obliga, como es el caso de China que es el segundo emisor tras Estados Unidos, que no ratificó el Tratado y está libre de obligaciones jurídicas. La posición es compartida (aunque con matices o por razones diferentes) por Rusia, Canadá, Australia, Ucrania y en algún modo por Arabia Saudita. La idea de estos países es continuar la lucha global contra el cambio climático con un nuevo instrumento jurídico, que supla al Protocolo de Kioto (que integre a los países ricos que no tienen hoy obligaciones y a los emergentes y en vías de desarrollo que reportan altos niveles de emisiones). Frente a esta posición, está una mayoritaria de países en vías de desarrollo como los del Grupo 77 + China; el Grupo de África; la Alianza de Pequeños Estados Insulares; Grupo ALBA; Liga Árabe y otros que les piden a los países industrializados cumplir con sus obligaciones en reducción de emisiones, en financiar proyectos de adaptación y mitigación al cambio climático en países en vías de desarrollo y ayudar a mantener el consenso internacional para la lucha conjunta contra el fenómeno. En medio unos pocos países que aseguran tener flexibilidad y se mueven según los márgenes de sus intereses como la Unión Europea (UE) y otros que en Cancún intentaron mediar entre las partes como Noruega, Suiza, México, Colombia y Costa Rica que en sus discursos siempre recuerdan el principio de “responsabilidad común pero diferenciada”. Como árbitro está Naciones Unidas que pone el “ring” y que por momentos ha visto cómo el marco multilateral de negociación se torna tan frágil que a punto ha estado de tener consecuencias muy negativas. En este contexto, a la división sobre la continuidad del Protocolo de Kioto se sumó la incertidumbre sobre el esquema de financiamiento en la lucha global contra el cambio climático: mientras la UE aseguraba que se daba una respuesta total a los 30 mil millones de dólares de financiamiento a corto plazo (2010-2013), otros países desvelaban cómo muchos de esos fondos son de Ayuda Oficial al Desarrollo ya programados desde antes y hasta préstamos que en algunos casos las arcas de Bruselas volverá a reingresar. Pero lo que más incertidumbre generaba es saber qué se necesita para financiar entre 2013 y 2020, año a partir del cual se requerirá unos 100 mil millones de dólares para programas contra el cambio climático a nivel mundial. Aquí volvió a entrar un conflicto económico vigente desde Copenhague: “si China financia el déficit comercial de Estados Unidos, ¿cómo los estadounidenses van a aportar recursos para financiar la lucha contra el cambio climático en países en vías de desarrollo como China?”.
En un tercer nivel de prioridad estuvieron las propuestas del programa de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) de programas y uso de recursos contra el cambio climático en países en vías de desarrollo, cuyas negociaciones amenazaron con “trabar” el proceso general, ante la insistencia de Estados Unidos de condicionar un modelo específico al acceso al financiamiento, según lo aseguraron en su momento organizaciones ambientalistas. En un menor nivel de dificultad, o con menos politización se desarrollaron las negociaciones relacionadas con transferencia tecnológica, capacitación y desarrollo de programas de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD).
Fue en la jornada final, en la que esa sensación de no saber lo que pasaba se multiplicó, muchas de las conferencias de prensa fueron canceladas o pospuestas, y se abrió un paréntesis usual en las últimas conferencias donde todo se deja para el final y la regla es excederse de la hora programa de cierre (18:00) y hacer de la madrugada siguiente un ejercicio más de negociaciones y trabajos. En ese contexto se realizó una sesión plenaria informal presidida por la canciller mexicana Patricia Espinosa, que con parsimonia condujo todas las asambleas y dejó claro un objetivo: “evitar que se repita lo vivido en Copenhague” y por eso en todo momento (incluso antes de iniciar la COP 16) la acción incluía intención de comportarse diferente a como lo hizo el año anterior el gobierno danés. En cada plenaria informal, Espinosa aprovechó para palpar que lo avanzado en las negociaciones que coordinaba el embajador especial para Cambio Climático, Luis Alfonso de Alba, se traducía en las posiciones (y también en los silencios) de las delegaciones y asegurar que ello no significó ir un paso adelante y dos atrás.
El embajador Solón tomó la palabra para posicionar a Bolivia, al asegurar que no se respetaron las diversas propuestas hechas en los grupos de trabajo, muchas de ellas emanadas de la Cumbre de los Pueblos sobre Cambio Climático en Cochabamba, y fue el único que llegado el momento final seguía cuestionando el método de trabajo de la Presidencia mexicana de la COP, al asegurar que no fue una sesión formal de la Conferencia la que emitió los documentos que se preparaban como finales, sino los grupos de contactos; por lo que pidió volver a negociaciones formales para avanzar en ello. Entre sus argumentos, aseguraba que el nivel de compromiso de esos documentos no impedía que la temperatura no suba dos grados centígrados en próximas décadas; solicitaba la creación de un Tribunal de Justicia Climática, reconocer los derechos de la Madre Tierra, entre otras cuestiones. Las palabras del diplomático andino sólo fueron secundadas por Cuba y Venezuela pero (y sorprendente para muchos) de manera parcial, ya que sólo se limitaron a pedir que se incluyeran propuestas bolivianas en el texto pero no rechazaban los documentos de trabajo conocidos hasta ese momento. En el fondo, los argumentos de Solón no eran desacertados, pero se convirtió en el defensor más ortodoxo de las formas de conducir una negociación en el marco de la ONU, y ante unas negociaciones tan intensas a puerta cerrada sólo los delegados de los países saben por qué en esta ocasión Bolivia no obtuvo más apoyos que esos primerizos expuestos por dos de sus socios en el ALBA. Las opciones no eran muchas, e inmediatamente se instaló el Grupo de Trabajo sobre Protocolo de Kioto, cuyo presidente John Ashe avanzó rápido y una delegada de Bolivia tomó la palabra pero no pudo precisar bien las observaciones al texto y el acuerdo se aprobó sin dilación cuando Solón entraba a la sala. El embajador se quejó de la manera en que se hizo eso, y aseguró que había sido llamado por Espinosa para aclarar aspectos de la sesión informal y que no quería pensar que esa conversación fue utilizada para aprobar los textos de ese grupo de trabajo mientras estaba ausente. A pesar de las protestas la misma suerte corrió en el Grupo de Trabajo sobre Cooperación de Largo Plazo, donde sus argumentos que parecían convincentes no recibían ningún respaldo.
Muy entrada la madrugada del 11 de diciembre, la sesión plenaria formal se instaló con el objetivo de aprobar todos los documentos que poco a poco de iban conociendo a detalle en el Moon Palace, y nuevamente el embajador Solón volvió a tomar la palabra para exponer punto por punto las propuestas de su país que no se incluyeron en los textos, su desacuerdo con que no se haya negociado párrafo por párrafo y ahora con el hecho de que a pesar de su inconformidad se hayan aprobado los documentos en los grupos de trabajo, por lo que advirtió con “recurrir a instancias internacionales” para impugnar acuerdos que no eran avalados por su país. Tras una ronda de varios países (Venezuela y Ecuador entre ellos), Solón volvió a mostrar su negativa a avalar los documentos como acuerdo de la COP 16, a lo que la canciller mexicana le respondió que tomaban nota de ello, pero que viera que aunque no en el nivel esperado se trataba de progresos acordados por una gran mayoría: “embajador, la regla de consenso no significa unanimidad ni mucho menos significa la decisión de una delegación quiera imponer el veto”. Golpeó el mazo y ello selló los documentos de Cancún en medio de aplausos y gritos de festejo. Solón volvió a tomar la palabra para pedir una aclaración sobre las reglas de consenso, pero pocos lo escuchaban. El jefe delegado de Estados Unidos, Todd Stern, tomó la palabra para considerar como válido lo que se puede definir como “un acuerdo general”; la jefa de la Delegación de Venezuela, Claudia Salerno, afirmó que si bien no se lograban los acuerdos ambiciosos que se necesitan, ella regresaba a su país pudiendo decir “tengo algo”; y así poco a poco las intervenciones fueron derivando en palabras que borraban el encontronazo entre Bolivia y el resto de países.
Al final, hay un reconocimiento de los compromisos voluntarios de los países para reducción de emisiones en el documento paralelo al cierre de la COP 15 en Copenhague; se fijan los dos grados centígrados como nivel máximo de elevación de la temperatura; no se define si hay o no implementación de un segundo periodo de compromisos del Protocolo de Kioto. Todos estos aspectos, que son clave en la negociaciones sobre cambio climático deben ser claramente definidas en Durban, Sudáfrica, en 2011. En materia de MRV, se mantiene la iniciativa de que los países en vías de desarrollo presenten informes cada dos años para la revisión posterior “no de forma intrusiva y con respeto a la soberanía nacional” de cada país. Mientras que se crea el Fondo Verde de Financiamiento, como mecanismo de largo plazo, con el Banco Mundial como gestor inicial (los primeros tres años) de su funcionamiento.
El resultado de Cancún es bueno para unos, malo para otros, transitorio para una mayoría e insuficiente para todos. Tras el fracaso de Copenhague en 2009, la Conferencia de Cancún tuvo el mérito de recuperar la confianza en el proceso multilateral en el marco de Naciones Unidas y extender las esperanzas a la cita de 2011 en Sudáfrica. No obstante, se quedó corta en la ambición que requiere el planeta para afrontar el fenómeno climático; volvió a mostrar que muchos países no están dispuestos a sacrificar sus modelos de crecimiento económico de alto nivel de emisiones contaminantes; mostró que en medio de negociaciones tan complicadas a veces salvar las formas tiene mayor mérito que salvar el contenido, pero sobre todo pospuso las decisiones cruciales para el próximo año. Un proceso como este de la negociación de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, en el que el “deber ser” fue escrito en 1997 en Kioto y se revisó en 2007 en Bali, tiene cada vez más frentes abiertos que lo condicionan (el “ser”) como la crisis económica mundial, el hecho de que no sólo los países industrializados son los únicos con mayores niveles de contaminación, los modelos económicos que no asientan bases de bajo carbono, “lobbies” industriales interesados en controlar los avances del proceso, escaso y desigual avance en investigación y desarrollo, desastres naturales que se multiplican, la presión social y mediática cada vez más intensa y la influencia de problemas ajenos a las negociaciones multilaterales. Todos estos son problemas que en Durban estarán de modo directo o indirecto y que volverán a poner a prueba al sistema de Naciones Unidas, por tanto a los 194 países, y entonces saberse si un acuerdo está entre el “ser” o el “deber ser”.
Carlos Meza es corresponsal de Notimex en España y enviado especial a Cancún
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